El impacto del COVID-19 en las relaciones de consumo

(Por Dr. Matías A. Italiano - Abogado especialista en Derecho del Consumidor) Claramente la propagación del coronavirus ha marcado un cambio de era, un cambio de paradigma en las ciencias sociales, entre ellas, el derecho. Un gran porcentaje de los decretos y resoluciones emitidos por el Gobierno Nacional y los provinciales, son vinculados a los derechos de los consumidores y usuarios, pensemos la fijación de precios máximos, el congelamiento de precios en alcohol en gel, barbijos no quirúrgicos, créditos hipotecarios, alquileres, servicios públicos, planes de ahorro, etc.

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En las últimas horas la Secretaria de Comercio Interior, mediante la Resolución Nº 139/2020 puso de relieve la necesidad de establecer mecanismos específicos de protección a cierto sector de los consumidores, a aquellos que se encuentra enmarcado en una vulnerabilidad agravada.


Cabe resaltar que legalmente se reconoce a los consumidores su vulnerabilidad estructural en el mercado de consumo frente a los proveedores de bienes y servicios. No obstante, la vulnerabilidad estructural de todos los consumidores en el mercado, algunos de ellos pueden encontrar agravada su situación en razón de su edad, género, condición psicofísica, nacionalidad, entre otras, lo que obliga a la adopción de medidas de tutela diferenciada sobre estas personas.

Por ello, corresponde brindar a los consumidores hipervulnerables una atención prioritaria que se materializa con la implementación de estrategias dinámicas, personalizadas y ágiles que permitan una adecuada composición de los conflictos según las necesidades de cada caso.

La resolución mencionada institucionaliza esta tutela de acompañamiento oficiosa, expedita y especializada hacia los reclamos presentados por consumidores hipervulnerables a través del Sistema de Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC) y Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y de cumplir con la manda constitucional y legal prevista para estos casos.-

Invitando a las provincias a que adhieran, es decir, que las Oficinas Municipales de Información a los Consumidores (OMICs) adopten idéntico fin.

En este sentido, se consideran consumidores hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. Asimismo, podrán constituir causas de hipervulnerabilidad, entre otras, las siguientes condiciones:

a) reclamos que involucren derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes;

b) ser personas pertenecientes al colectivo LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero);

c) ser personas mayores de 70 años;

d) ser personas con discapacidad conforme certificado que así lo acredite;

e) la condición de persona inmigrante o turista;

f) la pertenencia a comunidades de pueblos originarios;

g) ruralidad;

h) residencia en barrios populares conforme Ley N° 27.453;


Lo destacable de esta resolución, radica la incorporación de situaciones de vulnerabilidad socio-económica, pudiéndose acreditar por alguno de los siguientes requisitos:

1) Ser Jubilado/a o Pensionado/a o Trabajador/a en Relación de Dependencia que perciba una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;

2) Ser Monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;

3) Ser Beneficiario/a de una Pensión No Contributiva y percibir ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;

4) Ser beneficiario/a de la Asignación por Embarazo para Protección Social o la Asignación Universal por Hijo para Protección Social;

5) Estar inscripto/a en el Régimen de Monotributo Social;

6) Estar incorporado/a en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (Ley 26.844);

7) Estar percibiendo el seguro de desempleo;

8) Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur (Ley N° 23.848).-

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